En la última sesión antes de las elecciones del próximo 15 de marzo, los partidos Revolucionario Moderno (PRM) y de la Liberación Dominicana (PLD) acordaron recomendar al Consejo Superior del Ministerio Público los nombres de los magistrados Jonatan Baró y Gisela Cueto para que de uno de ellos salga el procurador interino especializado para investigación y persecución crímenes electorales.

En el diálogo realizado en el Consejo Económico y Social (CES) se aprobó también sugerir que el Consejo del Ministerio Público sea convocado a la mayor brevedad posible, además de que pueda asumir sus funciones de manera inmediata en el ámbito nacional.

Tras casi cinco horas de debates no pudo haber consenso en el pedido del PRM para que sean rotados los oficiales encargados provinciales de la Policía Militar Electoral.

Tampoco se acogió crear una subcomisión en la Comisión de Acompañamiento de la Junta Central Electoral (JCE) para que pueda conocer las denuncias de intervención de militares contra dirigentes políticos.

El PLD consideró que no es momento para hacer esos traslados militares y que las quejas de casos puntuales por ellos deben ser discutidas en el seno de la JCE para tomar las medidas. El PLD también enfatizó en dar seguimiento a través de la comisión a “personeros del bajo mundo en distintas provincias que hacen actos en el día de las elecciones”.

Logros y acuerdos

En el diálogo se logró conformar una comisión de seguimiento a la JCE integrada por el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Pedro Brache; César Dargam, como secretario; Sonia Díaz, Participación Ciudadana; Radhamés Martínez, por Anje; Hamik Chahin, Manifiesto Ciudadano; monseñor Diómedes Espinal, por la Conferencia del Episcopado; Feliciano Lacen, por el Codue; Nérsido Borg, por Mesa del Diálogo y Samuel Conde, por Educa. Esa comisió se reunió ayer con el pleno de la JCE y acordaron los aspectos aprobados en el CES y las disposiciones del ógano electoral.

En el CES se ratificó el compromiso de que se realice la más amplia y completa investigación que permita determinar la causa de la suspensión de las elecciones del 16 de febrero de 2020, y que se presenten los responsables sobre quienes debe recaer todo el peso de la ley, apoyando la investigación que al respecto está realizando la Organización de Estados Americanos (OEA).

Además, gestionar la revisión de las Juntas Electorales de Barahona, Distrito Nacional, El Factor, Guayacanes, Los Alcarrizos, Monte Plata, Pedro Brand y Rancho Arriba, Río San Juan, San Juan de la Maguana, Villa La Mata y Villa Riva, porque podrían afectar la transparencia, el equilibrio o generar conflictos de interés.

La definición de procedimiento de Cómputo Electoral en Juntas Municipales Electorales, la verificación por IFES de los equipos de scanners y acompañamiento a la Dirección de Informática.

La utilización de huellas dactilares en los procesos electorales venideros. Si técnicamente es posible, en las elecciones del 15 de marzo de 2020. De lo contrario trabajar su implementación para las elecciones del 17 de mayo de 2020.

Contratar una firma privada para auditar de acuerdo con la ley, los gastos de campaña de los partidos políticos y sus candidatos.

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