El Ministerio de la Juventud denunció este martes que dos abogados, “en medio de una evidente actitud chantajista”, y aprovechando el proceso de transición del Gobierno, intentan obligar a esa dependencia a pagar una suma millonaria mediante una sentencia de un caso que enfrenta con una empresa el cual se debate en los tribunales desde la anterior gestión 2012-2016, y que está en la etapa de revisión de sentencia en el Tribunal Superior Administrativo.
A través de un comunicado, dicha institución explicó que el presidente de la entidad comercial Inforedes Conocimientos y Alta Tecnología (ICAT), Icatek Soluctions SRL, Elby-Ramón Cabrera Herrera y sus abogados, Erick Yael Morrobel Reyes y Luis Enrique Ricardo Santana, realizan una campaña difamatoria y de intento de chantaje contra ese Ministerio, en relación a un proceso judicial que aún está a la espera de revisión de sentencia en el Tribunal Superior Administrativo, colocando ante la opinión pública a su incumbente como la persona demandada, contrario a como se puede confirmar en la sentencia, donde la litis la lleva la institución producto de una negociación que no se realizó con la actual incumbente.
El comunicado agrega que en ese contexto, la entidad comercial Inforedes Conocimientos y Alta Tecnología (ICAT), Icatek Soluctions SRL, conociendo que judicialmente el caso está en proceso de revisión de la sentencia en el Tribunal Superior Administrativo, anuncia, como si fuera una realidad, un supuesto fallo en contra de la ministra de la Juventud, Robiamny Balcácer, con el interés de presentar una acción imposible como una realidad legal, puesto que ningún fallo puede ejecutarse hasta adquirir la calidad de la cosa irrevocablemente juzgada, y de paso intentar que la Ministra ceda a sus pretensiones, afectando su reputación.
El Ministerio de la Juventud desmiente que haya pagado con cheques a esta empresa, puesto que esta institución no utiliza esta forma de pago, exceptuando gastos menores por Caja Chica. Este es otro intento de difamación implementado por los abogados citados.
En dicho documento, el Ministerio de la Juventud aclara que este caso es contra la institución, no contra la ministra Robiamny Balcácer, como ellos han colocado en algunos medios. Se recuerda que este caso surge cuando las empresas Icat e Icatek presentaron unas facturas por supuestos servicios académicos prestados, en vista de un convenio firmado el 23 de julio de 2013.
Empero, en los archivos de los departamentos Financiero y de Becas se determinó que el expediente estaba incompleto, por lo cual se procedió a iniciar una investigación, acorde a los procedimientos administrativos.
Con la intención de dar solución a la reclamación, tal como ha sido la práctica de esta gestión de honrar todos los compromisos económicos contraídos, y en actuación responsable con el manejo de la gestión pública, se les pidió a las empresas Icat e Icatek los soportes y documentos que sustentaran el pago por los supuestos servicios, para llevar los procesos que manda la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones del Estado y las demás legislaciones asociadas a estas actuaciones en el Gobierno.
“En base al principio de Continuidad del Estado, y luego de notificada la sentencia, se llegó a un acercamiento entre las partes con el fin de gestionar el pago de la misma, pero los abogados de la parte contraria exigían que el desembolso se les hiciera a sus cuentas personales, contraviniendo los procedimientos gubernamentales para estos procesos”, indica .
En consecuencia, y en vista de que existe una oposición de pago y embargo retentivo en contra de Inforedes Conocimientos y Alta Tecnología (ICAT), Icatek Soluctions SRL, por una cesión de créditos al Banco del Progreso, el Ministerio de la Juventud se vio obligado a oponerse al pago de la supuesta deuda.
El Ministerio de la Juventud y su ministra han actuado apegados a las leyes y en defensa del patrimonio público. Nunca se ha tenido la intención de no pagar, sino que, como manda la Ley, el pago se realice en base al soporte irrefutable del servicio prestado.
El caso en cuestión está en manos de la Justicia y allí hemos acudido, para que sean los jueces quienes decidan sobre este impasse, proceso que ahora debe esperar por el fallo del Tribunal Superior Administrativo, por lo cual es improcedente cualquier acción judicial al margen de esta decisión.
Multa
Ayer, la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo multó este lunes a la ministra de la Juventud, Robiamny Balcácer, al pago de 6 millones 726 mil 370 pesos a una empresa tecnológica por supuestos servicios prestados no pagados a favor de ese ministerio.
La empresa demandante, Sociedad Inforedes Conocimiento y Alta Tecnología, explicó que la ministra fue penada en virtud del artículo 148 de la Constitución que establece sobre la responsabilidad civil de estos funcionarios.
(El Nuevo Diario)
